Abogados de abuso sexual en California

• Abuso sexual infantil por parte de familiares, entrenadores, maestros, miembros del clero u otros adultos de confianza
• Abuso sexual en escuelas por parte de maestros, personal o estudiantes que la escuela no supervisó
• Abuso institucional en iglesias, programas juveniles, hogares de crianza temporal e instalaciones residenciales
• Abuso por parte de médicos y otros proveedores de salud
• Trata sexual
• Agresión y acoso sexual en el trabajo
• Agresiones de conductores de empresas de viajes compartidos y de otras personas que una empresa contrató

Un caso civil es independiente de cualquier caso penal. Busca responsabilidad y compensación en lugar de una condena de prisión, y se decide por la preponderancia de la prueba, es decir, si es más probable que algo haya ocurrido que no, en lugar de una prueba más allá de toda duda razonable.

La mayoría de los casos siguen el mismo camino: una conversación confidencial; una investigación sobre el agresor, sobre cualquier institución involucrada y sobre lo que sabía; la presentación de la demanda; el intercambio de documentos y testimonios; y la resolución mediante un acuerdo o un juicio. Los sobrevivientes que tienen 40 años o más cuando presentan un reclamo por abuso infantil deben cumplir requisitos adicionales. Su abogado y un profesional de salud mental con licencia firman cada uno un certificado de mérito, que el tribunal revisa antes de que se notifique al demandado, y un reclamo contra una institución debe demostrar que esta sabía o tenía motivos para saber del riesgo, o que no tomó medidas razonables para prevenir el abuso (Código de Procedimiento Civil, §§340.1(e)–(h), 340.11(c), (f)–(i)).

Muchos sobrevivientes sufrieron abuso por parte de alguien a quien una organización contrató, supervisó o le dio acceso a niños o pacientes. Una institución puede ser responsable civilmente cuando su propia negligencia permitió el abuso: contratar sin investigar, ignorar señales de advertencia, no supervisar, mantener a alguien después de recibir quejas o no reportar sospechas de abuso. Las pruebas a menudo provienen de los archivos de la propia institución, como quejas anteriores, expedientes del personal e investigaciones internas, y por eso actuamos pronto para preservarlas.

Cuando una institución privada encubrió el abuso de un menor, la ley permite reclamar hasta el triple de los daños contra el demandado que lo encubrió (Código de Procedimiento Civil, §§340.1(b), 340.11(b)). Esa indemnización no está disponible contra una entidad pública, como un distrito escolar público. La Corte Suprema de California resolvió en 2023 que las entidades públicas están exentas de ella (Los Angeles Unified School Dist. v. Superior Court; Código de Gobierno, §818), y la ley SB 577 incorpora esa exclusión en ambas secciones a partir del 1 de enero de 2027.

También a partir del 1 de enero de 2027, un sobreviviente que demande a una entidad pública a los 40 años o más por abuso ocurrido antes de 2024 deberá probar dos cosas mediante prueba clara y convincente: que la entidad sabía de la conducta indebida y no tomó medidas razonables para prevenir el abuso, y que incumplió por negligencia un deber obligatorio, es decir, un deber que la ley le imponía. Ese estándar también alcanza a los casos presentados a partir del 1 de enero de 2026 que todavía no tengan una sentencia ni un acuerdo final (Código de Procedimiento Civil, §340.12). Otros reclamos contra entidades públicas, incluidos algunos reclamos de adultos, todavía pueden requerir un reclamo ante el gobierno dentro de plazos estrictos.

Los resultados para sobrevivientes que hemos representado incluyen acuerdos de $6.3 millones, $4 millones y $3 millones en casos de abuso sexual. No identificamos a los sobrevivientes que representamos. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.